Las principales compañías internacionales de servicios petroleros que operan en la Argentina se desmarcan del proyecto Sea Lion en torno a las Islas Malvinas. Tras la ratificación inicial transmitida días atrás por SLB, ahora se sumaron las declaraciones de Halliburton, Baker Hughes y DLS Archer, firmas que descartaron de manera explícita cualquier tipo de participación o prestación de servicios en el proyecto offshore.
El alineamiento de los gigantes del servicio de campo responde al endurecimiento normativo dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional mediante el Decreto 868/2026. La norma agilizó la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 26.659 para aquellas empresas, contratistas o proveedoras que intervengan sin autorización oficial en actividades hidrocarburíferas dentro de la plataforma continental argentina. La medida apunta justamente a bloquear el desarrollo petrolero en las Islas Malvinas.
La medida establece un trámite sumario de solo 10 días hábiles para resolver inhabilitaciones operativas de 5 a 20 años y la caducidad de concesiones, e impone como condición excluyente la presentación de una declaración jurada de cumplimiento soberano para obtener permisos de la Ley de Hidrocarburos.
De la misma manera condiciona la posibilidad de acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI, alcance que abarca tanto a los titulares de los proyectos como a toda su cadena de participación societaria.
Las multinacionales de servicios petroleros SLB, Halliburton y Baker Hughes conforman el Big Three global de la industria hidrocarburífera, dominando la provisión de tecnología de ingeniería, fractura hidráulica y perforación dirigida. Por su parte, DLS Archer se posiciona como un contratista de perforación y completación en el mercado local e internacional.
Halliburton, Baker Hughes y DLS ratifican su alineación con la Argentina
Para las compañías de servicios el posicionamiento sobre el planteo del Gobierno es una necesidad operativa, ya que la reglamentación exige contar con las declaraciones correspondientes para mantener las habilitaciones en los desarrollos del no convencional en Vaca Muerta y para calificar dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El movimiento comenzó a gestarse cuando SLB (ex Schlumberger) se convirtió en la primera multinacional de servicios en fijar postura formal ante las autoridades argentinas. La compañía emitió una comunicación mediante la cual ratificó el cumplimiento del marco regulatorio argentino y descartó cualquier vínculo contractual o técnico con las contratistas internacionales que buscan desarrollar los recursos en las islas.
En esa línea, Halliburton Argentina formalizó una declaración en la que ratificó que «respeta la soberanía de la República Argentina» y reafirmó su «compromiso con la Argentina, su pueblo y el desarrollo responsable del sector energético del país».
Asimismo, aclaró de forma directa que «no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas», ratificando que sus operaciones se desarrollan «en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina».
Por su parte, Baker Hughes y DLS Archer se sumaron a la misma postura institucional tras enviar presentaciones donde dejaron asentado que «no participa nin tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas» y ratificando que sus actividades locales se ajustan estrictamente al «cumplimiento del marco legal vigente» en el país.
Con la salida de los principales jugadores globales de equipos, perforación, completación y tecnología de pozos, el desarrollo hidrocarburífero pretendido por las petroleras británicas en la cuenca de Malvinas Norte vuelve a enfrentar una barrera crítica de logística y proveedores calificados a nivel internacional.
El presidente Javier Milei anunció el jueves que va a incrementar la presión sobre las petroleras extranjeras que pretendan iniciar la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas. La reacción oficial lleva a poner el foco en el proyecto que impulsan la compañía británica Rockhopper Exploration y su par israelí Navitas Petroleum en el yacimiento offshore Sea Lion, 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Ante el avance de las fases de desarrollo del proyecto Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte, el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 868/26, agilizó las sanciones contra empresas que realicen o asistan operaciones hidrocarburíferas ilegítimas en torno a las Islas Malvinas y traslada a la Cancillería el rol de autoridad de aplicación de la Ley 26.659.