El proyecto eléctrico de Vicuña en San Juan
Este medio lo visitó semanas atrás, y pudo comprobar de primera mano el enorme potencial de la iniciativa, en un viaje al corazón de Vicuña. Durante esa recorrida por Filo del Sol y Josemaría, ingenieron y expertos del proyecto detallaron el plan eléctrico.
Para abastecer esa demanda, la empresa propuso financiar la ampliación de la red de transporte eléctrico, una obra que implicaría inversiones estimadas entre u$s400 millones y u$s500 millones. En total, el esquema contempla más de 220 kilómetros de nuevas líneas eléctricas para conectar el complejo minero con el Sistema Argentino de Interconexión.
La iniciativa prevé expandir el sistema de transporte eléctrico desde la Estación Transformadora Nueva San Juan, ubicada en Albardón, hacia el norte de la provincia hasta el área del proyecto minero en la cordillera. El esquema incluye la adecuación de infraestructura existente para operar en 500 kV entre Nueva San Juan y Rodeo, la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV, una Estación Transformadora Chaparro 500/220 kV, una línea de alta tensión de 220 kV y finalmente la Estación Transformadora Josemaría 220/33 kV, que alimentará directamente al complejo minero.
El sistema eléctrico propuesto tiene como objetivo garantizar el suministro energético requerido por el proyecto, asegurando las condiciones técnicas necesarias para operaciones industriales de gran escala, como el arranque de molinos de procesamiento mineral mediante una potencia mínima de cortocircuito. Al mismo tiempo, el diseño busca preservar áreas protegidas y minimizar impactos ambientales, limitar la altitud de las líneas de extra alta tensión de 500 kV para mejorar su operación en zonas cordilleranas, compatibilizar la obra con los planes de expansión del transporte eléctrico y potenciar el abastecimiento energético a partir de fuentes renovables que puedan integrarse al sistema que alimentará al proyecto.
Además de resolver las necesidades energéticas del complejo minero, la infraestructura proyectada apunta a generar beneficios estructurales para el sistema eléctrico provincial. Entre ellos se destaca la posibilidad de impulsar la expansión del polo de generación de energías renovables, mejorar la confiabilidad y calidad del suministro en la provincia, extender el área de abastecimiento eléctrico hacia el norte de San Juan, fortalecer el mallado de la red de transporte para facilitar futuras interconexiones y estimular el desarrollo económico regional mediante la generación de empleo y nuevas inversiones vinculadas a la expansión energética y minera.
La postura del ENRE
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad fue el organismo que publicó el pedido de ampliación, dando inicio al proceso administrativo para evaluar la obra.
El planteo se apoya en la Resolución 311/2025 de la Secretaría de Energía, que habilita a grandes consumidores industriales -como los proyectos mineros- a financiar obras de infraestructura eléctrica a cambio de obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que esas obras generen.
Según el expediente analizado por el regulador, la empresa obtendría prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte creada durante unos 25 años, un período compatible con la vida útil del proyecto.
Desde el sector minero explican que el esquema no implica apropiarse de infraestructura existente, sino asegurar prioridad sobre la capacidad adicional financiada por la propia compañía.
Fuentes del organismo aclararon que la resolución difundida no constituye una autorización definitiva, sino que abre el procedimiento para que terceros puedan presentar objeciones.
“A través de la resolución se habilita a quien considere que la obra puede afectarlo o tenga objeciones a que realice su presentación ante el ente. A partir de esas presentaciones se puede convocar a una audiencia pública”, explicaron fuentes del regulador.
En esa instancia también interviene Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, que fue la encargada de calcular la prioridad de uso sobre la nueva capacidad.
La reacción de San Juan
La iniciativa encendió alarmas en la provincia de San Juan, donde el EPRE presentó formalmente una oposición al pedido. El organismo provincial solicitó al ENRE la convocatoria a una audiencia pública antes de autorizar el acceso a la capacidad de transporte.
En su presentación, el ente regulador sostuvo que el objetivo es “asegurar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia”.
También advirtió que “otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la Provincia, y sin los debidos estudios técnicos, compromete la seguridad del sistema”.
El EPRE recordó además que San Juan viene desarrollando un ambicioso plan de infraestructura eléctrica destinado a acompañar la llegada de grandes proyectos productivos y a facilitar la incorporación de energías renovables.
En ese contexto, el organismo remarcó que ninguna decisión vinculada al sistema de transporte eléctrico debería adoptarse sin un debate técnico amplio.
“Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan”, advirtió el ente regulador.
La preocupación de otras mineras
La discusión también generó inquietud entre otras compañías que impulsan proyectos de cobre en la provincia, como El Pachón, controlado por Glencore, Los Azules, de McEwen Copper, y Altar, de Aldebarán Resoruces, y otras iniciativas en distintas etapas de evaluación.
Fuentes del sector sostienen que la asignación de prioridad sobre la capacidad de transporte podría alterar las condiciones de acceso a la infraestructura energética.
“Se está otorgando al proyecto Vicuña una prioridad del 90% sobre la capacidad de transporte eléctrico en el norte de San Juan por los próximos 25 años”, advirtieron empresarios del sector que siguen el expediente.
Para las compañías que evalúan inversiones en la región, la disponibilidad de energía es un factor decisivo. Las operaciones cupríferas a gran escala requieren enormes volúmenes de electricidad para molienda, transporte y procesamiento del mineral.
El proyecto Los Azules, por ejemplo, prevé inversiones por unos u$s3.200 millones y recientemente obtuvo aprobación para ingresar al RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones impulsado por el gobierno nacional.
En ese contexto, la infraestructura energética se convierte en uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo simultáneo de varios proyectos cupríferos.
La agenda política y minera en Canadá
Mientras el debate regulatorio avanza en Argentina, la discusión también estuvo presente en la PDAC 2026, la mayor convención minera del mundo que se realiza cada año en Toronto. San Juan participó con una delegación encabezada por el ministro de Minería Juan Pablo Perea, acompañado por funcionarios técnicos del área.
Durante la PDAC, la provincia mantuvo reuniones con empresas mineras, inversores y ejecutivos de compañías que desarrollan proyectos en el territorio sanjuanino. Según pudo saber este medio, en esas reuniones se habló del sistema eléctricó provincial para los proyectos. El objetivo fue reforzar el posicionamiento de la provincia como destino de inversión minera y avanzar en definiciones vinculadas a los proyectos estratégicos.
En paralelo, el gobernador Marcelo Orrego mantuvo reuniones en Canadá con ejecutivos del grupo Lundin -incluido Jack Lundin-, y con otras autoridades de Vicuña Corp, donde se avanzó en los términos de un acuerdo integral para acompañar el desarrollo del proyecto. Ese entendimiento incluye inversiones en infraestructura vinculada al desarrollo minero y obras de uso público, además de mecanismos de estabilidad vinculados a las regalías.
Fuentes oficiales indicaron a Energy Report que el resultado de la reunión con directivos de Vicuña en Vancouver es fruto de un proceso de varios meses de conversaciones y articulación público-privada orientado a acompañar el desarrollo del proyectoy, al mismo tiempo, generar beneficios concretos para la provincia.
«El acuerdo contempla inversiones en infraestructura de soporte y de uso público que la empresa construirá para el desarrollo del proyecto. Estas obras estarán vinculadas al funcionamiento de la actividad minera, pero también aportarán mejoras que podrán ser aprovechadas por la comunidad», recalcó la provincia, que también incluye inversiones en obra pública provincial. «Estas obras estarán destinadas a fortalecer la infraestructura que requiere el sector minero, pero también beneficiarán a otros sectores productivos de la provincia», afirmaron.
Tras el encuentro, los equipos técnicos y legales sanjuaninos continuarán trabajando junto a la empresa para finalizar la redacción y los detalles de los documentos que darán forma al acuerdo definitivo, cuya firma formal está prevista en las próximas semanas en San Juan.
Un debate que recién empieza
Más allá de las posiciones encontradas, el caso revela un punto clave para el futuro de la minería argentina: la necesidad de coordinar el desarrollo de grandes proyectos con la expansión de la infraestructura energética. El distrito Vicuña es considerado por el sector como uno de los mayores polos cupríferos en desarrollo del mundo.
Pero su avance dependerá no sólo del financiamiento o de la geología, sino también de cómo se resuelvan los desafíos regulatorios, energéticos y de coordinación institucional.
La discusión por una línea de 500 kV en San Juan, en definitiva, refleja un debate más profundo: cómo organizar la infraestructura crítica que demandará la nueva ola de inversiones mineras en la Argentina.
La batalla por la energía del proyecto Vicuña: San Juan pide audiencia pública y crece la tensión por el acceso a la red eléctrica
