El acuerdo que permitió a GEMSA evitar el default no es un episodio aislado.
Es la manifestación visible de un problema estructural que atraviesa a todo el sistema eléctrico: la cadena de pagos del MEM funciona con tensión permanente porque no cuenta con mecanismos automáticos que garanticen previsibilidad, estabilidad y suficiencia financiera. No se trata de revisar gestiones ni de asignar responsabilidades. Se trata de reconocer que el diseño actual no ofrece las condiciones necesarias para sostener inversiones de largo plazo en generación.
Las generadoras operan con ingresos en pesos, costos crecientes y deudas en dólares tomadas para financiar turbinas, ciclos combinados y ampliaciones de capacidad. Esa ecuación requiere un marco regulatorio que acompañe. Cuando los pagos se atrasan o las reglas cambian con frecuencia, la tensión financiera se vuelve estructural. GEMSA llegó al borde, pero no es la única que enfrenta este descalce: es simplemente la primera en mostrarlo de manera pública.
El problema de fondo es técnico. La cadena de pagos —usuarios, distribuidoras, CAMMESA, generadoras— no tiene amortiguadores. Si una distribuidora recauda menos o un subsidio se demora, CAMMESA absorbe el impacto. Y cuando CAMMESA se convierte en la variable de ajuste, las generadoras reciben pagos tardíos o incompletos, aun cuando hayan cumplido con su parte: producir, despachar y sostener la operación.
La salida existe y no requiere inventar nada. Requiere aplicar buenas prácticas internacionales que ya funcionan en mercados eléctricos consolidados. Esto existe en Chile, Brasil, Colombia, España, Australia. Son sistemas que combinan:
- fondos de estabilización que cubren descalces temporales,
- garantías cruzadas para asegurar pagos aun cuando un actor se atrase,
- cuentas escrow que protegen la recaudación y la transfieren automáticamente,
- fórmulas de actualización técnica que reflejan costos reales,
- contratos de largo plazo que dan horizonte y reducen volatilidad.
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La tarifa no tiene que ser “alta”. Tiene que ser realista, con protección social focalizada y financiada, para que el resto del sistema pueda operar sin incertidumbre. Un esquema así es justo para todos: para los usuarios vulnerables, para los que pueden pagar, para las empresas que invierten y para el Estado que administra.
Un mercado eléctrico sano necesita reglas estables, flujos previsibles y un regulador técnico que garantice continuidad y calidad. Las empresas hicieron lo que les correspondía: invirtieron, ampliaron capacidad y sostuvieron la operación en contextos complejos. Lo que falta es un entorno que permita que esas inversiones se mantengan en el tiempo sin depender de renegociaciones permanentes.
El caso GEMSA no es un síntoma de fragilidad empresarial. Es un recordatorio de que la infraestructura crítica requiere estabilidad, no parches. Y que ordenar la cadena de pagos no es un beneficio para las compañías: es una condición para que el sistema funcione, para que la energía llegue y para que el país pueda sostener un sendero de inversión continua.
Runrún no solo informa: interpreta y propone. Y la propuesta es clara. El país necesita un mercado eléctrico con reglas previsibles, pagos automáticos y tarifas realistas. No para favorecer a nadie, sino para que el sistema deje de vivir al borde y pueda planificar su futuro con bases firmes.
