n el marco de la reciente aprobación de la reforma laboral, el Gobierno logró dar luz verde a dos esquemas de incentivos que consideran pilares para la reactivación económica. El primero de ellos es el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), una herramienta diseñada específicamente para atraer capitales hacia el sector productivo, ofreciendo un marco de previsibilidad fiscal para los próximos dos años.
El RIMI, a menudo comparado con un «RIGI para PyMEs», establece escalas de inversión mínima para acceder a sus beneficios según el tamaño de la compañía. Para las microempresas, el piso se fijó en US$ 150.000, ascendiendo gradualmente hasta los US$ 30 millones para las grandes empresas. El objetivo es que firmas de todo tamaño puedan renovar bienes de capital y mejorar su capacidad instalada.
Entre los incentivos fiscales más destacados del RIMI se encuentra la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Esto permite a las empresas deducir la inversión realizada en un plazo mucho más breve, de uno o dos años, mejorando su flujo de caja inmediato. Además, contempla la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la compra de bienes de capital.
Por otro lado, la ley crea el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL). Este programa tiene como eje central la reducción de los costos de contratación para las empresas que incorporen a personas que se encontraban fuera del sistema formal. El incentivo consiste en una alícuota reducida de contribuciones patronales, fijada en el 8% durante el primer año de vigencia de la relación laboral.
Este esquema de formación está destinado a grupos específicos, como beneficiarios de planes sociales, ex empleados públicos y personas que estuvieran desempleadas al 10 de diciembre de 2025. Con esta medida, el oficialismo busca facilitar la transición del sector informal o del empleo estatal hacia el sector privado, combinando el alivio fiscal con la capacitación en el puesto de trabajo.
Un punto crucial que une a ambos regímenes es el requisito de «buena conducta fiscal». Para adherir a los beneficios del RIMI o del RIFL, las empresas no deben registrar deudas exigibles ante el fisco ni sanciones graves por infracciones laborales previas. Se busca así premiar a las compañías que operan dentro de la legalidad y fomentan el empleo registrado.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, estos capítulos fueron defendidos como motores de competitividad. El oficialismo argumentó que la combinación de inversiones en tecnología (vía RIMI) y la baja de impuestos al trabajo (vía RIFL) permitirá un aumento sostenido de la productividad, elemento que consideran esencial para reducir la inflación a largo plazo.
Finalmente, con la aprobación en la Cámara Baja, estos regímenes regresan al Senado para su ratificación final. De no mediar cambios en el tratamiento de estos capítulos específicos, quedarían listos para su implementación una vez que la ley sea promulgada por el Poder Ejecutivo, lo que se estima ocurrirá antes del inicio de las sesiones ordinarias en marzo.
