El Gobierno nacional anunció el lunes que envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, en el marco del período de sesiones extraordinarias, que se extiende hasta el 30 de diciembre.
Según informó oficialmente el Poder Ejecutivo, la iniciativa busca ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental en línea con la Constitución Nacional.
A más de 15 años de su sanción, el Gobierno sostuvo que la actual normativa “presentó graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.
Ejes centrales de la reforma
El proyecto propone reglas claras para la protección de los glaciares con función hídrica efectiva, el fortalecimiento de los estándares ambientales y la eliminación de márgenes de discrecionalidad que, según el Ejecutivo, “bajo pretextos ideológicos, obstaculizaron el desarrollo económico del país”, consignó la Agencia Noticias Argentinas.
Además, la iniciativa reafirma el cumplimiento de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen la protección del ambiente sin impedir el desarrollo humano y reconocen a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
En ese marco, la propuesta refuerza el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.
Desde el Gobierno definieron el proyecto como “una verdadera reforma de federalismo ambiental”, en cumplimiento de los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo.
La iniciativa también responde a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), que solicitaron avanzar hacia un modelo federal responsable y sostenible en el tiempo.
Pedido de tratamiento urgente
El Poder Ejecutivo solicitó al Congreso que brinde pronto tratamiento al proyecto y que, durante el proceso legislativo, se garantice la participación ciudadana.
Finalmente, el Gobierno afirmó que la reforma representa “un paso decisivo para poner a la Argentina de pie, con reglas claras, federalismo real, desarrollo productivo y crecimiento económico”, y busca superar una normativa que, según el Ejecutivo, generó más de una década de incertidumbre jurídica y limitó el aprovechamiento de los recursos naturales en las provincias cordilleranas.
Quienes no quieren que se modifique la Ley de Glaciares temen una pérdida de protección ambiental, especialmente sobre el agua, y consideran que la norma actual es una herramienta clave de resguardo frente a actividades extractivas. Del otro lado, el Gobierno y algunas provincias sostienen que la ley es ambigua, genera inseguridad jurídica y frena el desarrollo productivo.
Organizaciones ambientales y sectores científicos sostienen que la ley actual protege reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales frente al cambio climático. Temen que una modificación: Reduzca el alcance de las áreas protegidas, permita actividades mineras o petroleras cerca de glaciares y ambientes periglaciares, ponga en riesgo el abastecimiento de agua para consumo humano, riego y ecosistemas.
Para estos sectores, la ley funciona bajo el principio precautorio: ante la duda, se protege el ambiente.
